Investigan a tres empresarios españoles por la venta millonaria de la Torre Cepsa a un jeque árabe

La Audiencia Nacional investiga a tres empresarios españoles por su implicación en la venta de la Torre Cepsa al jeque árabe Khadem Al Qubaisi. El Juzgado Central de Instrucción número 4 mantiene abiertas unas diligencias por esta millonaria operación que impulsó Bankia y en el marco de la cual se han citado como investigados al presidente y fundador del fondo Corpfin, Felipe de Oriol, y a los empresarios Rafael García Tapia y Ramón Merino. Todos ellos han declarado ya en sede judicial por su mediación en la venta del segundo rascacielos más grande de España.

Según confirman fuentes jurídicas a Vozpópuli, las diligencias arrancaron en 2018 a tenor de un informe del Banco de España en el que alertaba que se podría haber vulnerado la operativa antiblanqueo con la venta del edificio. Tanto el juzgado como Anticorrupción indagan la naturaleza de esta operación para la que Al Quabsi solicitó un crédito puente a Bankinter de 400 millones de euros. El que fuera presidente de Cepsa -que se encuentra en paradero desconocido para la Justicia española- alquiló el edificio a Bankia a finales de 2013 y trasladó la sede de la petrolera a la torre diseñada por el arquitecto británico Norman Foster.

El acuerdo alcanzado con la entidad presidida por Ignacio Goirigolzarri incluía la posibilidad de adquirir el inmueble, de manera que en 2016 el jeque árabe ejecutó la opción de compra a través de la sociedad instrumental holandesa Muscari. Sin embargo, en menos de 24 horas ya había vendido este rascacielos que integra el complejo de las Cuatro Torres al hombre más rico de España: Amancio Ortega. El dueño del imperio Inditex lo adquirió a través de su inmobiliaria Pontegadea por 490 millones de euros.

Las fuentes consultadas por este diario no ven irregularidad alguna en la actuación de Ortega pero sospechan que el jeque árabe obtuvo un jugoso margen de beneficio por el que no tributó en España, teniendo en cuenta que en un solo día se anotó una plusvalía cercana a los 100 millones de euros. Por ello la investigación arrancó por blanqueo de capitales aunque se ha ampliado a delito fiscal. En el marco de la misma se han librado comisiones rogatorias a Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y a Malasia en aras a obtener información sobre las sociedades pantalla que empleó Al Qubaisi en la operativa.

En paralelo también se ha investigado la participación en estos hechos de los empresarios ahora imputados. Tanto Oriol como García Tapia y Merino declararon en sede judicial entre los meses de julio y octubre del pasado año por su mediación en la operativa. Según informó el diario El Confidencial los hermanos Merino crearon a finales de 2013 Muscari Development BV Sucursal en España y Royal Arrow, siendo administradores de esta última tanto Ramón Merino como Felipe Oriol. Dicho medio informó de que tanto Corpfin (fondo del que fue secretario general Rafael García Tapia) como los Merino se habrían embolsado comisiones cercanas al 10% por este proceso.

Por ese motivo el magistrado José Luis Calama Teixeira acordó citarles como investigados, aunque no es la única diligencia practicada hasta el momento. De hecho, este mismo jueves declaran como testigos en la causa el expresidente de Bankia, Ignacio Goirigolzarri; el exCEO José Sevilla; el exsecretario del Consejo de Administración Miguel Crespo y Javier Merino, hermano de Ramón Merino. Las citaciones, adelantadas por Expansión, buscan arrojar luz a esta operativa de Bankia, que se impulsó el pleno proceso de desinversión de sus activos inmobiliarios.

La providencia de citación, a la que ha tenido acceso este medio, precisa que antes de tomarles declaración se les daría copia del informe del fiscal Anticorrupción de fecha 7 de febrero para que conocieran los motivos de su comparecencia y trajeran documentación al juzgado de considerarlo oportuno. En el caso de Merino el juez plantea su testifical “por su parentesco con algunos de los investigados y su relación de negocios con estos”.

Del mismo modo, también se pretende esclarecer si Bankia -que adquirió en 2007 este rascacielos por el doble de lo que lo vendió- estaba al tanto de la situación en el extranjero de Al Qubaisi. Con todo, cabe recordar que el jeque de Abu Dabi financió la operación con un crédito puente de 400 millones que le concedió Bankinter, de manera que puede acreditar el origen de los activos empleados. Sin embargo, el movimiento levantó las sospechas del Sepblac, que acabó imponiéndole a la entidad una multa de 8,2 millones de euros, la mayor cifra de su historia hasta el momento.