1 de septiembre: arranca la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI)

Desde el 1 de septiembre de 2025 ha entrado oficialmente en funcionamiento la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), el organismo encargado de supervisar y sancionar el cumplimiento de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (conocida como Ley de Informantes).

La puesta en marcha de la AIPI se ha fijado mediante la Orden PJC/908/2025, de 8 de agosto (BOE de 12 de agosto de 2025).

1 de septiembre: arranca la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI)

¿Qué es la AIPI y qué funciones tendrá?

La AIPI es el organismo independiente que actuará como autoridad sancionadora en materia de protección al informante. Sus competencias se extienden a:

  • Sector público estatal: controlará las infracciones cometidas en este ámbito.
  • Sector privado en todo el territorio nacional, salvo en aquellas comunidades autónomas que hayan creado su propia autoridad competente.

Además, hasta que disponga de presupuesto propio, la AIPI contará con apoyo del Ministerio de la Presidencia en materia de recursos humanos, infraestructuras, contratación, tecnología y creación de su página web oficial.

Sanciones previstas por la Ley de Informantes

Las empresas deben tener muy presente que el incumplimiento de la normativa puede acarrear multas de hasta 1.000.000 de euros, además de sanciones adicionales.

  • Infracciones leves: hasta 100.000 €
  • Infracciones graves: de 100.001 € a 600.000 €
  • Infracciones muy graves: de 600.001 € a 1.000.000 €

Entre las infracciones muy graves destaca no disponer de un canal de denuncias en las empresas obligadas.

Además, en los casos más graves, la AIPI podrá imponer:

  • Amonestación pública.
  • Prohibición de obtener subvenciones o beneficios fiscales hasta 4 años.
  • Prohibición de contratar con el sector público.

¿Qué empresas están obligadas?

La obligación de contar con un sistema interno de información y un canal de denuncias no afecta solo a grandes compañías.

Están obligadas a implantarlo:

  • Todas las empresas con 50 o más personas trabajadoras (el plazo venció el 1 de diciembre de 2023).
  • Empresas de determinados sectores regulados, aunque no alcancen los 50 empleados, como aquellas vinculadas a servicios financieros, mercados de capitales y prevención del blanqueo de capitales (art. 10 de la Ley de Informantes).

Es importante recordar que:

  1. El sistema interno de información es la obligación principal.
  2. El canal de denuncias forma parte de dicho sistema y debe garantizar la recepción y gestión segura de las comunicaciones.

Claves para las empresas

Con la AIPI en funcionamiento, la supervisión y sanción del cumplimiento de la Ley de Informantes ya es una realidad.

Si tu empresa aún no ha implantado un sistema interno de información con su correspondiente canal ético, es imprescindible hacerlo cuanto antes para evitar riesgos legales y sanciones.

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