En un entorno empresarial cada vez más regulado, la diligencia debida en el compliance se ha vuelto esencial para prevenir el riesgo de contagio derivado de terceros. Según el artículo 31 bis del Código Penal, las empresas pueden ser responsables penalmente por delitos cometidos en su beneficio, pero la implementación efectiva de modelos de gestión puede mitigar esta responsabilidad. Por eso, es clave que el programa de compliance no sea solo un compliance de papel, sino que se aplique de manera real para reducir riesgos legales y reputacionales.
El riesgo de contagio: una amenaza silenciosa pero real
El riesgo de contagio surge cuando una empresa se ve involucrada indirectamente en malas prácticas de sus socios comerciales, proveedores o intermediarios. Este riesgo puede materializarse de múltiples formas:
- Participación involuntaria en operaciones de blanqueo de capitales o corrupción.
- Fraudes en licitaciones públicas o privadas cometidos por subcontratistas.
- Uso indebido de información confidencial o privilegiada.
- Prácticas laborales o medioambientales irregulares por parte de terceros.
Más allá de las posibles consecuencias legales, el riesgo de contagio puede dañar gravemente la reputación corporativa, provocar pérdida de contratos y afectar la confianza de clientes, socios e instituciones públicas. Por ello, integrar la diligencia debida en el compliance es una necesidad estratégica, no una opción.
La diligencia debida como eje del programa de compliance
La diligencia debida en el compliance permite conocer a fondo a las personas o entidades con las que la organización establece relaciones de negocio. Su propósito es identificar, evaluar y mitigar riesgos legales, financieros y reputacionales antes de que se conviertan en problemas.
Un proceso eficaz debe incluir las siguientes fases:
1. Identificación de la contraparte
Consiste en conocer en profundidad la estructura societaria del tercero, identificar a los beneficiarios reales y detectar posibles vínculos con cargos públicos o jurisdicciones consideradas de riesgo. Esta fase permite evaluar de manera preliminar si la relación comercial podría implicar exposición a riesgos legales, financieros o de reputación.
2. Evaluación reputacional y legal
Implica analizar los antecedentes del tercero, incluyendo sanciones previas, litigios pendientes o noticias negativas que puedan afectar su integridad. Esta evaluación ayuda a determinar si existen indicios de prácticas ilícitas o comportamientos poco éticos que puedan repercutir en la empresa.
3. Valoración de riesgos sectoriales y geográficos
Se centra en determinar el nivel de exposición según el sector en el que opera el tercero, el país donde desarrolla su actividad y el tipo de servicio contratado. Algunos sectores o regiones presentan mayor riesgo de corrupción, incumplimiento normativo o problemas legales, por lo que esta valoración es clave para priorizar controles.
4. Cláusulas de compliance en los contratos
Consiste en incorporar en los acuerdos contractuales obligaciones éticas claras, compromisos de transparencia y mecanismos de auditoría. Estas cláusulas permiten establecer responsabilidades concretas, prevenir conductas indebidas y contar con herramientas legales en caso de incumplimiento.
5. Revisión y seguimiento continuo
Implica actualizar periódicamente la información sobre los terceros y monitorizar señales de alerta a lo largo de toda la relación comercial. Este seguimiento asegura que los riesgos identificados se mantengan bajo control y permite detectar de manera temprana cualquier cambio que pueda comprometer la integridad o reputación de la empresa.
Beneficios de aplicar la diligencia debida en el compliance
Implementar un sistema sólido de diligencia debida aporta beneficios concretos:
- Prevención del riesgo de contagio derivado de terceros no conformes con los estándares de la empresa.
- Refuerzo de la cultura ética y la integridad corporativa.
- Evidencia documental ante inspecciones o procedimientos judiciales.
- Mejora de la reputación y la confianza de clientes e instituciones.
- Atenuación o exención de responsabilidad penal, conforme al artículo 31 bis del Código Penal.
Conclusión: una inversión en integridad y sostenibilidad
La diligencia debida en el compliance no debe verse como una carga burocrática, sino como una inversión estratégica en seguridad jurídica, ética y sostenibilidad empresarial. Integrarla de manera sistemática permite anticipar riesgos, proteger la reputación corporativa y cumplir con las exigencias normativas.
En definitiva, ejercer la diligencia debida es actuar con responsabilidad, transparencia y previsión, garantizando que todas las relaciones de la empresa —internas y externas— se rigen por los principios del buen gobierno corporativo y la legalidad.
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