El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 1.056.000 euros impuesta al Banco Santander por una infracción muy grave de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, originada por actuaciones del Banco Popular entre 2013 y 2015, antes de ser absorbido por el Santander en 2017.
La sanción fue ratificada tras la desestimación de un recurso presentado por el banco, que alegaba que los hechos sancionados eran completamente ajenos a su gestión y anteriores a la adquisición del Popular. Sin embargo, el alto tribunal avala la doctrina de la sucesión de responsabilidades administrativas, un principio clave en la normativa sancionadora que afecta especialmente a los procesos de fusión y absorción entre entidades financieras.
Antecedentes del caso: infracción del deber de comunicación de indicios
El expediente sancionador, que se inició por acuerdo del Consejo de Ministros en mayo de 2019, se refiere al incumplimiento del deber de comunicación de operaciones sospechosas por parte del Banco Popular en el periodo 2013-2015. Según la sentencia, la infracción reviste una gravedad especial, ya que se produjo en el contexto de operaciones que podrían haber facilitado el blanqueo de capitales.
El Supremo considera probado que, aunque el Santander no intervino en estos hechos, heredó las responsabilidades del Popular al adquirirlo en 2017 por un euro, en el marco de una resolución ejecutada por la Junta Única de Resolución (JUR) de Bruselas.
La transmisión de responsabilidad en fusiones y adquisiciones
Uno de los aspectos jurídicos más relevantes de esta sentencia es la aplicación del principio de transmisión de responsabilidad por sucesión empresarial, en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El fallo recuerda que, según el Derecho europeo, las obligaciones sancionadoras pueden transmitirse a la entidad absorbente en caso de fusiones, aunque la persona jurídica responsable originaria haya desaparecido. Este criterio se basa en la “identidad sustancial entre empresas sucesivas” y en el hecho de que las sanciones económicas forman parte del pasivo transmitido.
El Tribunal rechaza así el argumento del Santander, que sostenía que la responsabilidad debía recaer en la JUR. En cambio, el Supremo subraya que el Banco Popular no desapareció jurídicamente, sino que pasó a ser una filial al 100 % del grupo Santander.
Proporcionalidad de la sanción
En cuanto a la cuantía de la sanción, la Sala destaca que la administración sancionadora aplicó una graduación adecuada, situando la multa al Banco Santander en el tramo inferior previsto legalmente (entre 150.000 y más de 312 millones de euros), representando apenas un 0,0084 % del máximo permitido. Esta moderación, apunta el Supremo, se ajusta a los principios de proporcionalidad y legalidad.
Lecciones en materia de cumplimiento normativo
Este caso refuerza varias lecciones fundamentales para las organizaciones sujetas a la Ley de PBC/FT:
- La debida diligencia debe mantenerse durante todo el ciclo de vida de la entidad: No basta con políticas internas; se requiere vigilancia activa, incluso en procesos de adquisición.
- La responsabilidad no desaparece con la fusión o absorción: Las entidades que adquieren o integran a otras asumen no solo sus activos, sino también sus pasivos y obligaciones legales, incluidas las sanciones.
- El deber de comunicación de indicios es una obligación esencial: La detección de operaciones sospechosas y su notificación al SEPBLAC es una obligación crítica para todas las entidades financieras y sujetos obligados.
Fuente: World Compliance Association
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